Nuestra realidad: "autoridades" dejan prescribir mas de mil reportes de supervisión ambiental al sector hidrocarburos

Pluspetrol fue la principal de las empresas beneficiadas... Casos fueron archivados en apenas 23 días por la Subdirección de Instrucción e Investigación de OEFA. Jerry Espinoza Salvatierra, uno de los firmantes de las 1101 resoluciones, trabajó en el estudio Muñiz, Ramírez, Pérez- Taiman & Olaya antes de ingresar a la Dirección de Supervisión de OEFA, donde firmó las resoluciones de prescripción de por lo menos dos compañías que fueron clientes del estudio donde laboró: Interoil Perú S.A. y TGP. Ambas empresas fueron asesoradas en procesos sancionadores y permisos ambientales por este estudio. Ante el cuestionamiento acerca de las investigaciones, Osinergmin respondió que estas, en su mayoría, eran apenas “cartas líneas, documentos de gestión interna” de la entidad...", lo que demuestra que nunca se iniciaron los procesos de sanción a pesar de las evidencias. ¿Será por eso que las tenían arrumadas en cajas de cartón?

Se ocultan graves daños. Más de mil reportes de supervisión ambiental en el sector hidrocarburos fueron encarpetados no por falta de pruebas sino porque las autoridades los dejaron prescribir.

Por: Gabriela Flores y Milagros Salazar *
Convoca.pe

Wilson Sandy sigue las huellas del petróleo en la Amazonía peruana con la astucia de un detective y la determinación de quien protege su casa: el territorio achuar de Loreto. Tiene 39 años de edad y hace más de diez que dedica su vida a recopilar indicios de contaminación de las petroleras que operan en la región amazónica con más cicatrices ambientales en el país. ¿Por qué lo hace? “Para defender a mis hermanos, para documentar lo que pasa, para que no digan que mentimos”, dice Sandy con esa misma seguridad con la que se abre camino entre los bosques, atraviesa ríos caudalosos y cochas negras de petróleo para registrar evidencias entre plantas marchitas y peces muertos. Toma fotos, videos y ubica los sitios afectados con un GPS para revelar lo que sus ojos han comprobado.

PUEDES VER: Perúpetro no evaluó de forma correcta a GMP para adjudicarle el lote III

Sandy es el líder de 19 monitores ambientales del río Corrientes en Loreto. Pero no es el único testigo de lo que él llama en lengua achuar “nunka nemeskamu”: la tierra contaminada. Las poblaciones indígenas conviven con derrames de petróleo, fugas de gas y otros incidentes ambientales que muchas veces quedan enterrados en la espesura de la selva durante décadas. Es una cadena de historias silenciosas que puede superar cualquier sospecha.

“Nosotros encontramos en cajas de cartón cientos de informes de supervisión sin procesar”, dijo la abogada María Luisa Egúsquiza, quien tiene a su cargo la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos de OEFA, en una entrevista con Convoca a mediados del 2014. Ella se refería a evidencias de potenciales infracciones ambientales que nunca fueron evaluadas por las autoridades para sancionar a las empresas responsables. ¿Cuáles eran esas compañías y qué decían los documentos?

Desde entonces, Convoca buscó responder esas preguntas y conocer lo que contenían esas cajas apiladas en un rincón de las oficinas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Egúsquiza aseguró que su institución pidió a la Contraloría de República que se investigue a los funcionarios responsables, pero no dio más detalles en esa entrevista en la que también estuvo el presidente del OEFA, Hugo Gómez. Hoy después de un año revelamos la primera parte de esta historia.

Papeles ocultos
Lo que encontramos fueron unas 20 mil páginas de presuntos incumplimientos ambientales principalmente de empresas de los sectores hidrocarburos y energía. Convoca accedió a más de mil documentos completos, entre informes de supervisión ambiental hasta hoy desconocidos, cartas internas y fotografías. Los analizó y elaboró un registro para determinar la gravedad de los casos y quiénes fueron los operadores y responsables.

Como resultado, se identificó que más del 70 por ciento de estos casos correspondían a actividades petroleras y gasíferas en 21 regiones del país y que el más beneficiado fue el grupo Pluspetrol, que tiene la principal operadora de petróleo en el país y la que lidera el ranking de las empresas infractoras del sector.

Todos esos casos fueron archivados en 23 días entre agosto de 2013 y setiembre de 2014 mediante 1101 resoluciones de la Subdirección de Instrucción e Investigación de OEFA, pero no por falta de pruebas sino porque las autoridades permitieron que se supere largamente los cuatro años que fija la ley como límite para iniciar un proceso sancionador luego de que se recogen las evidencias iniciales. A esta figura legal se le llama prescripción.

Los inspectores presentaron sus informes al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) entre 1998 y 2009 como consta en los documentos que obtuvo Convoca. Estos reportes fueron heredados por OEFA cuando asumió la fiscalización ambiental en hidrocarburos a inicios de 2011.

Mientras Osinergmin estuvo a cargo de esta labor dejó prescribir el 98% de los casos en un lapso de dos a trece años. OEFA hizo lo propio con veinte casos que prescribieron a los dos años de que este organismo asumiera la supervisión ambiental en este sector. No se inició ningún proceso administrativo sancionador a pesar que se encontraron casos de posibles infracciones graves según los especialistas consultados.

Uno de estos casos fue el derrame de 50 mil galones de petróleo del Oleoducto Norperuano de PetroPerú, de los cuales veinticinco mil desembocaron en el río Marañón, en un hábitat de 100 especies de animales, ubicada entre Jaén y Amazonas. El incidente se produjo la madrugada del 8 de mayo de 2006 debido a que una roca de 25 toneladas cayó sobre el ducto y esto terminó afectando un tramo de los poblados Chingaza y Fátima. De acuerdo con el informe N° 79426-1, la empresa no reportó “el grado de afectación de las riberas, aguas abajo del río Marañón” y permitió que los pobladores recogieran el material contaminado sin protección.

Por esta razón, los inspectores recomendaron evaluar “los daños físicos, biológicos y sociales”, “determinar las zonas vulnerables a los derrumbes” y un plan de remediación. No se trataba de un incidente cualquiera. Para el toxicólogo Rubén Loayza de la Universidad Cayetano Heredia, este derrame calificaba como una “catástrofe ambiental” por la cantidad de petróleo vertido al río, pero el informe quedó olvidado durante cinco años y, en 2013, fue archivado por OEFA junto a unos mil 100 informes debido a que los plazos para investigar y sancionar se vencieron.

Beneficiadas
 
Del centenar de empresas que figuran entre los más de mil informes prescritos, el 54.2% corresponden a 17 compañías. La mayoría comparte intereses comerciales y figura, además, entre las más multadas por OEFA.

Las dos operadoras del grupo argentino Pluspetrol aparecen entre las más sancionadas por infracciones ambientales entre 2007 y 2014 con más de 22 millones de dólares. Pero las 36 multas que enfrentaron no representan ni la cuarta parte de los reportes encarpetados.

Mientras Pluspetrol Perú Corporation figura con 136 informes prescritos; su gemela Pluspetrol Norte se ubica unos puestos más abajo con otros 13 reportes. Esta última compañía opera en Loreto en el lote 8 y el 192 (ex 1AB), donde las comunidades indígenas denuncian la afectación al medio ambiente y a su salud.

Once de los trece informes que fueron archivados entre agosto de 2013 y setiembre de 2014, precisamente corresponden a las operaciones de Pluspetrol Norte en el ex lote 1AB, cuyo contrato vence en agosto y está siendo sometido a un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas.

Sobre estos casos, Pluspetrol respondió vía correo electrónico que “es una empresa seria que trabaja respetando las leyes y compromisos que adquiere con las autoridades y el Estado”.

El gas que Pluspetrol extrae de la selva peruana es trasladado a la costa por Transportadora de Gas del Perú (TGP), que aparece en el segundo lugar de las más multadas por no respetar sus propios estudios ambientales. Estos casos apenas equivalen al 2% de los 107 informes de supervisión archivados.

En 2005, TGP afrontó cinco rupturas del ducto que trasladaba el gas del Camisea, la principal fuente de energía del país. Aunque el entonces premier Pedro Pablo Kuzcynski defendió a la empresa y hasta deslizó la posibilidad de sabotajes al ducto; Osinergmin sí registró incidentes ambientales.

Debido a la fuga permanente del gas de Camisea, el 29 de agosto de 2005, los inspectores detectaron tres manchas del tamaño de una mesa redonda en los suelos por donde pasa el ducto. De acuerdo con el informe, transcurrieron tres meses sin que la compañía remediara el potencial impacto.

Dos meses después, otro reporte daba cuenta del derrame de 172 toneladas de líquidos de gas natural en el río Chunchubamba de Ayacucho que provocó la muerte de peces de los que dependían cinco comunidades. La empresa no remedió el daño según otros informes prescritos entre 2006 y 2007.

Entre las beneficiadas también aparece Graña y Montero, que adquirió en noviembre de 2013 parte de las acciones de Pluspetrol en TGP. Una de las subsidiarias de Graña y Montero es Consorcio Terminales, que opera un terminal de almacenamiento de hidrocarburos en Ilo, al lado de un colegio con más de mil estudiantes. Desde 2001, las autoridades de esta escuela se han quejado por la fuga de hidrocarburos y la falta de controles, pero hasta hoy no se concretaba el traslado del terminal.

Estos centenares de casos achivados no son los únicos. Convoca accedió a otras 62 resoluciones de prescripción en los sectores hidrocarburos, minería y pesca, que fueron entregadas por Contraloría. Esta institución evitó dar detalles de las investigaciones que realiza sobre los funcionarios que dejaron prescribir los miles de casos que hoy revelamos.

Al cierre de este reportaje, Osinergmin respondió que no se “tratan de informes o expedientes administrativos sancionadores” y que en su mayoría son “cartas líneas, documentos de gestión interna” de la entidad. Precisamente lo que demostramos es que nunca se iniciaron los procesos de sanción a pesar de las evidencias.

*Con la colaboración del equipo de voluntarios de Convoca.

Quiénes firmaron las resoluciones de prescripción

Las resoluciones de OEFA que declararon la prescripción de los informes de supervisión ambiental fueron firmadas por Mercedes Aguilar Ramos y su sucesor Jerry Espinoza Salvatierra tras heredar la mayoría de los casos prescritos en el periodo de Osinergmin. Aguilar suscribió el 23% de las prescripciones en poco más de 2 años que estuvo en el cargo, mientras que Espinoza fue el más productivo: firmó el 77% de las resoluciones en solo 9 meses en 2014.

Los antecedentes laborales de Espinoza resultan interesantes. Trabajó en el estudio Muñiz, Ramírez, Pérez- Taiman & Olaya entre julio de 2008 y abril de 2013. Dejó el bufete de abogados para convertirse en asesor de la Dirección de Supervisión de OEFA y luego subdirector de instrucción e investigaciones donde firmó las resoluciones de prescripción de por lo menos dos compañías que fueron clientes del estudio donde laboró: Interoil Perú S.A. (antes Mercantile Perú Oil) y TGP.

En la página web del estudio Muñiz, aparece que ambas empresas fueron asesoradas en procesos sancionadores y permisos ambientales. Convoca pidió la versión a Espinoza pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta, tampoco de OEFA.

Si bien las dos operadoras del grupo argentino Pluspetrol aparecen entre las más sancionadas por infracciones ambientales entre 2007 y 2014 con más de 22 millones de dólares, sin embargo, las 36 multas que enfrentaron no representan ni la cuarta parte de los reportes encarpetados.Transportadora de Gas del Perú (TGP), le sigue en el segundo lugar como la más multada, pero sus casos apenas equivalen al 2% de los 107 informes de supervisión archivados.

Claves

Graña y Montero Petrolera (GMP) es una de las principales beneficiadas con la prescripción de los reportes de supervisión. Tiene 19 informes encarpetados y su subsidiaria Consorcio Terminales 54 reportes.

Entre las observaciones a las actividades de GMP, aparece posible contaminación del aire en tres lotes que opera en Piura por no prevenir la liberación de gas.

Los clientes de GMP también se beneficiaron. Uno de ellos fue Petrotech Peruana, la compañía vinculada al caso “petroaudios”.


"Las huellas del petróleo y gas que se intentaron esconder" 
Publicado por La República, julio 23 de 2015

Actuar contra el cambio climático ya, o los ecosistemas del planeta no serán capaces de adaptarse

En los últimos 40 años el Perú ha perdido el 40% de su superficie glaciar, lo cual pone en riesgo la seguridad hídrica de las ciudades más grandes del país. Aguaceros, inundaciones y huaicos ponen en riesgo la producción agrícola y destruyen asentamientos humanos. ¿Una economía con bajas en emisiones, un freno para el crecimiento? ¡Todo lo contrario! Durante la crisis económica , entre 2007 y 2011, los sectores relacionados a la “economía verde” en la UE, siguieron creciendo por encima del 4% anual . Los denominados “empleos verdes” han crecido en un 20% y se calcula que para el 2020 podrían generar hasta 20 millones de empleos nuevos. 

Al ser afectadas las fuentes de agua en nuestro país, como son los glaciares como el Pastoruri, Lima entraría a una gran sequía, que también afectaría otras localidades de la costa y sierra de nuestro país. "Perú tercer país más vulnerable al cambio climático"

Encienda su televisor y mire las noticias. Casi todas las semanas verá imágenes de desastres naturales, efectos de condiciones climáticas extremas que causan tragedias y pérdidas humanas, así como millones de soles en daños económicos.

El Perú es uno de los diez países del mundo más vulnerables al cambio climático. En los últimos 40 años, ha perdido el 40% de su superficie glaciar, lo cual pone en riesgo la seguridad hídrica de las ciudades más grandes del país. Aguaceros, inundaciones y huaicos ponen en riesgo la producción agrícola y destruyen asentamientos humanos.

Las conclusiones de los estudios científicos al respecto ya no dejan lugar a duda: si no hacemos nada para frenar las emisiones de CO2, el planeta sufrirá daños irreversibles a los cuales los ecosistemas del planeta no serán capaces de adaptarse.

En las conferencias internacionales sobre el clima (las COP), los países acordaron mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius para el final del siglo, lo que implica reducir las emisiones de gases responsables de estos cambios. Para la COP21, que se celebrará a fines de año en París, todos los países del mundo tendrán que encontrar un acuerdo internacional para lograr el mencionado reto. Este acuerdo tendrá que ser ambicioso, legalmente vinculante y tendrá que abarcar los compromisos de todos los países.
Mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 2°C requiere cambiar nuestra manera de producir, de viajar y de consumir. ¿Un freno para el crecimiento? ¡Todo lo contrario!

Una economía con bajas emisiones de carbono puede ser eficiente, competitiva y dinámica.

Entre 1990 y 2012, la Unión Europea redujo en un 19% sus emisiones de gases de efecto invernadero y la economía creció en un 45%. Invertir en negocios sostenibles ha incentivado la competitividad y la innovación, y ha generado empleos de calidad. Durante la crisis económica, entre 2007 y 2011, los sectores relacionados a la “economía verde” (energías renovables, de transporte limpio, de tecnología de eficiencia energética) siguieron creciendo por encima del 4% anual. Los denominados “empleos verdes” han crecido en un 20% y se calcula que para el 2020 podrían generar hasta 20 millones de empleos nuevos.

Para la COP21 la Unión Europea se comprometió en reducir sus emisiones de gases a efectos de invernadero en un 40% hasta el 2030, comparado con los niveles de 1990, a través de políticas para incentivar la eficiencia energética, los transportes públicos y comunes, las energías renovables y el reciclaje de los desechos, entre otros. Hasta el 2020, el 20% del presupuesto de la UE estará dedicado a acciones de lucha contra el cambio climático en todos los sectores, lo cual equivale a casi 180 mil millones de Euros.

El sector privado también está asumiendo el reto. Ciertos fondos de inversión están reorientando sus inversiones de carbón a energías limpias. Bancos comerciales han comprometido US$30 mil millones en financiamientos climáticos a través de bonos verdes. Varias de las empresas más grandes del mundo han anunciado sus medidas de reducir emisiones y sus contribuciones al financiamiento del clima.

El 5 de junio, el gobierno del Perú presentó una propuesta de contribución para el acuerdo de París, la cual está actualmente en discusión pública, y que propone reducir las emisiones en 31% hasta el 2030, mediante 58 proyectos de mitigación en los sectores de energía, agricultura, manejo forestal, transporte y gestión de residuos sólidos. Asimismo, la propuesta incluye una serie de ambiciosos proyectos de adaptación de la economía, de las infraestructuras, viviendas, etc.

El Perú ha sido un excelente anfitrión de la COP20 y esperamos que la Comisión Ministerial de cambio climático apruebe una contribución ambiciosa del país para la COP21. El papel de liderazgo y un compromiso fuerte por parte del Perú son importantes para un acuerdo global.

Al mismo tiempo es una oportunidad para el país de orientar su crecimiento hacia un camino más limpio y verde. La UE será un socio firme del Perú en esta senda hacia un desarrollo sostenible.

Embajadores, Unión Europea en el Perú. 

Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 

los Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 

Rumanía y la Delegación de la Unión Europea.

"Actuar contra el cambio climático ya" Publicado por el diario La República, junio 26 de 2015

Está demostrado, cuando hay voluntad: la empresa y la sociedad civil de mano de la ley pueden poner en jaque a la deforestación

¡Quiten la destrucción de la amazonia de mi plato! De cómo un grupo líder de mataderos de ganado brasileños cortaron sus lazos con la deforestación en la selva amazónica. Empresas como Adidas, Clarks, Geox, Gucci, Nike y Timberland, tomaron el asunto de la procedencia ilegal del cuero en serio y hablaron con los mataderos. El efecto no se hizo esperar. Apenas cuatro meses después, los principales mataderos de Brasil firmaron un compromiso público de no comprar el ganado de las granjas dentro de la selva amazónica que eran cómplices en la deforestación de la Amazonía

Por: Oliver Salge

Áreas en el Bosque Nacional de Jamanxim en la carretera BR-163, quemadas ilegalmente para la cría de ganado. © Rodrigo Baleia / Greenpeace

Hace seis años, el primero de junio de 2009, yo estaba hablando con empresas de renombre sobre los problemas que el ganado de cría en granjas en Brasil estaban causando en la selva amazónica. Les hablé de cómo contribuìan a la destrucción del bosque lluvioso en la región amazónica y les hice un llamado para actuar en contra de eso. Ese mismo día, activistas de Greenpeace tomaron acción en la sede principal de la compañía de ropa deportiva alemana, Adidas en Baviera. Ellos entregaron un informe innovador que liga la destrucción del bosque causado por la cría de ganado con los productores de cuero en donde Adidas estaba comprando su cuero para zapatos. Ese informe de Greenpeace, Sacrificando el Amazonas (en Inglés), fue el resultado de años de investigación que implicaba en la deforestación actual de la selva amazónica al mercado internacional de la carne y el cuero.

Conversaciones similares con compañías como Clarks, Geox, Gucci, Nike y Timberland, así como protestas por la protección de la selva amazónica por parte de activistas de Greenpeace se sucedieron en todo el mundo. Estas acciones, y la campaña pública de apoyo de Greenpeace, no fueron ignoradas. Las empresas citadas en el informe tomaron el asunto en serio y empezaron a hablar con los mataderos en Brasil. Tuvo un efecto. Apenas cuatro meses después, los principales mataderos de Brasil firmaron un compromiso público de no comprar el ganado de las granjas instaladas dentro de la selva amazónica, que eran cómplices de la deforestación de la Amazonía, al utilizar mano de obra esclava, u ocupar las tierras indígenas o áreas de conservación.

Hoy en día, los tres mataderos más grandes de Brasil que firmaron el Acuerdo del Ganado - JBS, Marfrig y Minerva - publicaron un segundo informe de auditoría independiente sobre sus sistemas de cadena de suministro que demuestra que el ganado que compran a sus proveedores no están amenazando la selva amazónica. Ellos demostraron que los sistemas de control de la oferta de los mataderos están funcionando y que el "Acuerdo del ganado" ayudó a reducir la deforestación. La publicación de la auditoría de ayer es un paso importante para una mayor transparencia y un mayor control social de la producción de ganado en la selva amazónica brasileña.

Los tres mataderos han demostrado una vez más que están evitando con éxito la deforestación en sus cadenas de suministro de ganado directos. En los últimos años lograron un gran paso con la prohibición de los agricultores que siguen destruyendo la selva o los que invaden las áreas protegidas.

Ganadería en deforestada y quemada por la tierra en la ciudad de Brasnorte, Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil. La ganadería sigue siendo una fuerza principal de la deforestación en la Amazonia brasileña. © Chico Batata / Greenpeace

La cría de ganado sigue siendo una fuerza principal de la deforestación en la Amazonia brasileña. El ganado ocupan hoy más del 60% de las áreas deforestadas. Después de la destrucción de la selva tropical -a menudo por la tala y la quema- el ganado es movido rápidamente hacia esas áreas recientemente deforestadas para alimentarse de la hierba en rápido crecimiento. Debido a la sequía en la parte sur-oriental de Brasil -causada, en parte, por la tala de árboles-, más y más de los 223 millones de cabezas de ganado son pastadas hoy dentro de los límites de la selva amazónica donde la lluvia es abundante. El sur del país, simplemente se pone demasiado seca.

Según los informes, los auditores BDO y DNV, los tres mataderos son eficaces al cortar el comercio con las granjas que continúan deforestando y poniendo en riesgo a la Amazonía. En más del 99% de los casos de compra, estos tres mataderos estuvieron comprando de granjas que ya no estaban destruyerndo el Amazonas.

Un reciente estudio realizado por el profesor asistente H. Gibbs en la Universidad de Wisconsin -publicado en Conservation letters-, llegó a la conclusión de que el "Acuerdo del ganado" ha ayudado a disminuir la deforestación y que los agricultores están respondiendo a los criterios de compra de los mataderos de reducción de la deforestación. El profesor Gibbs sostiene que un problema que queda es el lavado de ganado, el cual debe ser abordado. "Blanqueo" que se refiere a la oferta de ganado de los agricultores que no respetan el acuerdo a los que si lo hacen, quienes a su vez venden ese ganado a los tres grandes mataderos. Esto requiere una atención inmediata.

Una granja de ganado en tierras indígenas en el estado de Mato Grosso, visto desde el aire. © Paulo Pereira / Greenpeace

Ahora le toca a los otros mataderos grandes y supermercados para prohibir la deforestación también en sus cadenas de suministro. Los miembros de las Asociaciones de carne de Brasil (Abiec y ABRAFRIFGO) y la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS), deben adherirse al "Acuerdo del Ganado" y enviar un mensaje claro al mercado de que apoyan la deforestación cero. No tienen excusa. Los primeros tres mataderos han demostrado que es posible eliminar la deforestación de su cadena de suministro directo.

La supervivencia de la selva amazónica no sólo es fundamental para la supervivencia de muchos pueblos indígenas que dependen de los bosques sanos, sino también para numerosas especies de plantas y animales, muchos de ellos aún sin descubrir. Estamos perdiendo alrededor de 100 especies todos los días debido a la pérdida de hábitat. El bosque es vital mucho más allá de sus fronteras. Gracias a los patrones de lluvia de la selva amazónica es posible garantizar una buena calidad de vida para las millones de personas que viven a millas de distancia de la selva tropical. Además, la lucha contra la destrucción de los últimos bosques intactos es una de las maneras más rápidas y baratas para reducir las emisiones anuales de gases de efecto invernadero.

"Take Amazon destruction off my plate! How leading Brazilian slaughterhouses cut its ties to deforestation in the Amazon rainforest" Blogpost por Oliver Salge, Greenpeace International - junio 02 de 2015

Oliver Salge es un coordinador internacional de campaña amazónica de Greenpeace Brasil

Cabeza fría. Segundo estudio de impacto ambiental de Tía María debe ser revisado y subsanado

"Una  observación que genera preocupación es que no se incluye un estudio de factibilidad que especifique cómo se construirá la planta desalinizadora y el proceso de desalinización, para así no usar los recursos hídricos del valle del Tambo... Además, los centros de monitoreo están tan lejos: 5.5 kilómetros del tajo más relevante que no permitirá analizar con exactitud los niveles que la ley exige"

 Exministro Giesecke explica que cuestionamientos a proyecto minero deben ser subsanados.

Javier Solís
diario UNO

El exministro de Ambiente Ricardo Giesecke dijo al diario UNO que es necesario que un grupo de expertos independientes revise el segundo Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero Tía María a fin de que las observaciones y cuestionamientos sean resueltas por la empresa.

“Hay que revisar a fondo como se debe este segundo estudio y por lo tanto se debe contratar un grupo independiente de expertos para lo que revise y dé su opinión al respecto, tal como lo ofreció la gobernadora de Arequipa hace más de un mes pero ahora se desdice. El gobierno se ha puesto en sus trece y no le da la gana de hacerlo”, subrayó.

Sostuvo que una de las observaciones que genera preocupación es que no se incluye un estudio de factibilidad que especifique cómo se construirá la planta desalinizadora y el proceso de desalinización, para así no usar los recursos hídricos del valle del Tambo.

“Lo peor de todo es que no se explica con detalle técnico sobre cómo se hará su construcción y el proceso específico de desalinización de las aguas, que posteriormente utilizarán para el proceso de extracción del mineral”, recalcó.

Indicó que no se puede imponer por la fuerza un proyecto minero cuyo estudio de impacto ambiental aún tiene serias dudas técnicas, y lo peor de todo “que no tiene legitimidad ni licencia social”.

“La empresa, en vez de levantar las 138 observaciones de fondo del primer estudio, simplemente espero que el Ejecutivo le pida un segundo estudio de impacto y luego le diga no lo apruebo. Al gobierno no le interesó revisar el nuevo estudio y ahora dicen que está bien, que se respeta el estado de derecho y yo soy el que manda aquí”, afirmó.

Recalcó que un segundo cuestionamiento es la distancia de los centros de monitoreo que deberán evaluar permanentemente los niveles de contaminación de Tía María, ya que el polvo mineral que producirá la explotación podría impactar en los cultivos y en la salud de los pobladores del valle del Tambo.

“Los técnicos han dicho que estos centros de monitoreo se encuentran muy lejos de la mina misma, incluso uno de ellos estará a 5.5 kilómetros de La Tapada, el tajo más relevante en el proyecto; lo cual no permitirá analizar con exactitud los niveles que la ley exige”, aseveró.

El exministro sostuvo que un proyecto minero tan grande como Tía María generará un gran impacto en Islay y por lo tanto deben explicarse cómo se mitigara. “Este proyecto requiere una mirada amplia y legítima incluso con la población pues cuando se habla de diálogo debe ser horizontal y no solo explicar los supuestos beneficios sino debatir por qué es inviable o no”, explicó.

ADEMÁS
“Hay que poner paños fríos y sentarse a dialogar con la cabeza fría porque ni este proyecto minero y ningún otro merece un muerto más. El estado de emergencia no debe ser pretexto para sentar a todos y tratar de convencer o imponer que este proyecto es bueno mientras que no se corrijan los errores del estudio de Tía María”, precisó.

"Segundo estudio de impacto de Tía María debe ser revisado" Publicado por Diario UNO mayo 25 , de 2015

Choropampa: 15 años sin respuestas - Parte 2

Transacciones ilegales: A raíz de los reclamos de los pobladores se inició el proceso judicial. Los reclamos tomaron tres vías, por un lado, un grupo de víctimas viajó hasta Denver, EE.UU. donde consiguieron acuerdos favorables que oscilaban entre 7 mil y 80 mil dólares por persona. Otro grupo que no pudo viajar a EE.UU. transó directamente con la minera, la empresa valiéndose de la pobreza y la ignorancia de los pobladores, optó por llegar a acuerdos extrajudiciales. La cifra de la “indemnización”: entre 1,000 a 4, 500 nuevos soles por persona. Con ello las víctimas sellaron un acta de liberación de todos los reclamos y demandas que excluyó del proceso a aproximadamente 300 personas...

Escribe: Magali Zevallos, con la colaboración de Laura Grados

  Fotografía: Javier Dueñas


A raíz de los reclamos de los pobladores se inició el proceso judicial, estos reclamos tomaron tres vías, por un lado, un grupo de víctimas viajó hasta Denver EE.UU. donde consiguieron acuerdos favorables, no mediante un proceso judicial sino producto de una transacción económica que oscilaba entre 7 mil y 80 mil dólares por persona, este fue el grupo más favorecido. Mientras que el grupo que no pudo viajar a EE.UU. transó directamente con la minera, la empresa valiéndose de la pobreza y la ignorancia de los pobladores, optó por llegar a acuerdos extrajudiciales. La cifra de la “indemnización” se definía de acuerdo a las negociaciones directas, que eran entre 1,000 a 4, 500 nuevos soles. Con ello las víctimas sellaron un acta de liberación de todos los reclamos y demandas, además del reconocimiento de la recepción de los fondos de transacción.


El abogado Juan Carlos Miranda explica que el grupo que negoció directamente con la empresa decidieron seguir en los procesos judiciales civiles hasta que la Corte Superior de Cajamarca estableció que las transacciones que habían firmado con Yanacocha eran válidas, esa determinación excluyó del proceso a aproximadamente 300 personas. Actualmente el proceso sigue abierto, Miranda representa a 110 víctimas que nunca recibieron ningún tipo de indemnización.

Verónica Sánchez es una de las víctimas que tranzó con la minera, ahora debe resignarse y pasar el trago amargo de sentirse burlada. “Recibí 4,500 soles, ese dinero lo gaste en medicinas para mí y mis hijos. Nosotros, por acordar extrajudicialmente el monto de reparación, ya no podemos denunciar ni nada. Había una cláusula en el documento que nos hicieron firmar que indicaba eso, nosotros nos enteramos después”, afirma.

A Elsa Edita Nimboma Minchán le encontraron uno de los más altos porcentajes de mercurio en la sangre; pero denuncia que su historial clínico desapareció. Los síntomas de ella y de sus hermanos eran los mismos: dolores de cabeza, mareo y cansancio. Yanacocha le pagó dos mil soles de reparación. Elsa es analfabeta y no recuerda si en el documento que firmó al recibir el dinero, se le impedía retomar medidas legales contra la minera.

Un análisis legal que realizó Justicia Viva sintetiza que con este tipo de transacciones pueden producirse violaciones graves a los derechos fundamentales. “El Estado no puede ser impasible, hay una evidente violación al derecho a la salud, el derrame de mercurio ha ocasionado daños graves y permanentes, lo que exige un tratamiento costoso, en tanto que el monto de la indemnización (que otorgó Yanacocha) es irrisorio en comparación con el costo del daño ocasionado. Las transacciones extrajudiciales firmadas entre la empresa Yanacocha y poblaciones carecen de efectos legales por contravenir derechos fundamentales”, dice el documento.

“El Estado ha sido un actor por decir lo menos “mudo”, al no haber participado activamente en la protección de los derechos de los afectados. Fue casi un aliado de la empresa, no inició siquiera acciones por delito ecológico, otorgando en bandeja de oro no sólo la concesión sino la salud de su población menos favorecida”, señalan Yastin Ramírez y July Zegarra en la investigación “Derrame de mercurio en Choropampa y sus consecuencias en el desarrollo de los conflictos socioambientales en el Perú”.

Mientras los gobiernos de turno hablan que con la minería habrá crecimiento y desarrollo, la población de Choropampa está enferma, en este lugar se respira resignación y dolor frente a un Estado ausente. “El derrame de mercurio ha sido un hecho histórico a nivel mundial, sin embargo Choropampa sigue teniendo una posta médica miserable, con medicamentos absolutamente básicos como ibuprofeno, absurdo ante la magnitud de las necesidades médicas que en la zona hay. Nadie pide un mega hospital, se requiere de atención de parte del Estado: profesionales, medicamentos, infraestructura respecto a este daño”, señala Miranda.

Verónica y sus hijos tienen un seguro de salud de Pacífico, que cuenta es insuficiente. El Minsa alertó de esto en el 2008 “existen problemas de salud en los pobladores que actualmente no están siendo atendidos por diversos factores: cobertura del seguro Pacífico insuficiente, falta de aseguramiento a todos los pobladores, sistemas inadecuados de referencia y contra referencia de pacientes, insuficientes recursos humanos, equipamiento en los Centros y Puestos de Salud”.

“Yanacocha les dio a algunos afectados un seguro estrictamente nacional, de atención ambulatoria, es un seguro que se renueva anualmente, que cada año ha ido bajando de categoría, ahora los beneficiados solo tienen un seguro muy básico, y las personas que no gozan de este seguro (la gran mayoría) deben cubrir sus gastos en salud con su dinero. En estos quince años muchos de mis clientes han fallecido”, denuncia el abogado.

“El año 2005 una resolución favorable a nivel judicial ganó el juicio a Yanacocha en primera instancia, pero lamentablemente por cuestiones inexplicables, el juez Percy Soriano detuvo las indemnizaciones bajo la excusa de que para indemnizar, la cantidad mínima de mercurio en la sangre debía de ser de 150 microgramos por litro, y ya no 20 microgramos por litro como señala la Organización Mundial de la Salud”

Juana Martínez, dirigente choropampina sigue bregando hasta encontrar justicia, ella, sus hijos y su esposo también tienen secuela de la contaminación, y ellos forman parte de las 110 personas que se encuentran en el proceso judicial iniciado hace más de una década. “En el año 2005 tuvimos una resolución favorable a nivel judicial. Ganamos el juicio a Yanacocha en primera instancia, pero lamentablemente, por cuestiones inexplicables, el juez Percy Soriano, que ve nuestro caso detuvo las indemnizaciones bajo la excusa de que la cantidad mínima de mercurio en la sangre para indemnizar, debía de ser de 150 microgramos por litro, y ya no 20 microgramos por litro como señala la Organización Mundial de la Salud, OMS”, finaliza Martínez.

Este poblado luce desolado, en el paradero de buses hay un par de puestos de comida que a duras penas consigue un cliente hambriento. Choropampa parece un pueblo fantasma que, desde su infinita pobreza, sigue viendo pasar por sus carreteras los camiones y camionetas cargado de riqueza que le es esquiva y ajena.

DATOS

• Los informes del daño que ocasiona el mercurio una vez inhalado indican que el 100% del mercurio elemental atraviesa las membranas alveolares de los pulmones y se difunde hacía la sangre, desde donde es distribuido por todo el cuerpo y que, además entre un 75 y un 80% es retenido por el cerebro, los riñones y el feto de mujeres embarazadas (Estein 1996).
• Un informe del Congreso de la República señaló como responsable directo a las empresas Yanacocha SRL y RANSA Comercial S: A; y como corresponsables a las autoridades públicas como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud y Ministerio Público.
• La Municipalidad Provincial de Cajamarca recibió mediante acuerdo extrajudicial con la empresa Newmont tres millones de dólares. 40% de ese monto fue destinado al estudio de abogados.
• A pesar de la evidente responsabilidad de Yanacocha, solo se abrió un proceso penal por lesiones culposas contra el chofer de la unidad vehicular de RANSA que transportaba el contaminante, al mismo se lo sancionó con dos años de pena privativa de libertad suspendida.

"Choropampa: 15 años sin respuestas" Publicado por Diario 16, 02 de Mayo del 2015